No era difícil adivinar cuál sería el fallo del Tribunal Supremo sobre el espinoso asunto de las hipotecas. El pasado 16 de octubre ese mismo tribunal, infectado sin duda por algún bacilo desconocido que dejó a todos sus miembros turulatos, sentenció que debían ser los bancos, y no los clientes, quienes pagaran al estado el impuesto conocido como AJD (Actos Jurídicamente Deplorables). El jolgorio desatado en la calle entre los ciudadanos en general, y entre los miles de hipotecados en particular, fue inversamente proporcional al cabreo sobrevenido a los banqueros, que agazapados en sus elegantes despachos, empezaron a tentarse el cuerpo pensando que aquí daba comienzo la revolución y que, más pronto que tarde, serían arrojados por las ventanas, igual que les ocurría en sus pesadillas más odiosas, y que se acabaría por desgracia el bendito régimen financiero acunado por la timorata democracia. La derrota era de tal envergadura que los teléfonos, y cuantos chismes ha diseñado la tecnología para dar órdenes, echaban chispas debido al tráfico cruzado de imprecaciones y lamentos. Los miembros del gobierno, los jueces, y hasta los ujieres de todas las instituciones implicadas, fueron de inmediato no ya presionados, sino sometidos a tortura hasta que reconocieron la monstruosidad de lo que había hecho el, más que alto, estilizado tribunal, y comprometieron su palabra (y su hacienda, y hasta su vida) para revertir el descomunal desaguisado....Leer la continuación